El lado oscuro de la modernidad

torres-rd 62-1342207312-513defbb7fd3c2b5188d14b4e371134d SambilSantoDomingo

 

Una mirada aérea a la ciudad de Santo Domingo nos confunde. Repentinamente nos imaginamos sobrevolar sobre una ciudad brasileña o del sur de la Florida. Esa impresión se desvanece cuando desplazamos la vista hacia el cinturón periférico del llamado polígono central, atiborrado de casuchas amontonadas. El cielo de la gran ciudad es asaltado por un promontorio de torres que compiten en altura y modernidad. La anatomía de la vieja ciudad pierde así sus plácidos contornos horizontales para convertirse en una metrópoli de atrevidas elevaciones urbanas.

Quien contempla desde las alturas esta transformación puede cómodamente concluir que vivimos el “milagro dominicano”, sobre todo cuando algún agente inmobiliario puede asegurar que existe suficiente demanda para apartamentos de lujo cuyos precios irrespetan sin sonrojo los siete dígitos en moneda americana o que el mercado de las megaplazas vive su momento más competitivo.

Las apariencias lucen tan reales que hacen creer como erradas las estadísticas que todavía dejan al país rezagado en muchas mediciones sobre el desarrollo humano.

Algunos no entienden el porqué, a pesar de la crisis financiera, el colapso del mercado inmobiliario global y la recesión económica local, existen segmentos de inversión que no han perdido su dinamismo, como la construcción de viviendas de lujo y de proyectos inmobiliarios comerciales.

Un reciente estudio realizado por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACROPOVI) arrojó que solo el 16.7 % de las personas que están buscando viviendas en Santo Domingo y Santiago aspiran a un apartamento en una torre y la mayoría de ellos —42 % en el Distrito Nacional y 50 % en Santiago— pensaban esperar al menos un año para su adquisición. El 82 % de las personas que buscan viviendas de lujo solo estaban dispuestas a pagar hasta 250 mil dólares, diferenciándose en un 90 % en Santiago y 79 % en el Distrito Nacional. Lo curioso es que la carpeta de oferta de lujo sigue llenándose de proyectos exclusivos a pesar de que el mismo estudio revela que la demanda de viviendas de clase media alta y alta es apenas de 14 mil unidades entre el gran Santo Domingo y Santiago, frente a un déficit de 900 mil viviendas de bajo costo en todo el país. La pregunta es ¿quién está comprando lujo? Existe la convicción, en círculos especializados, de que el lavado de dinero procedente no solo del narcotráfico ha preferido este tipo de inversión como opción natural, aunque en los últimos dos años su portafolio se ha diversificado en negocios de combustibles, construcción, telecomunicaciones, entretenimiento y apuestas.

Si bien el Banco Central de la República Dominicana cuenta con registros sobre distintos repertorios como la inversión, el gasto, el consumo y el tamaño y la composición del producto interno bruto (PIB), entre otros, existen, en la actividad económica local e internacional, un conjunto de operaciones que escapan a los controles y registros gubernamentales. Este volumen de actividades forma parte de la llamada economía sumergida. Su cuantificación es inexacta porque opera de manera encubierta y paralela a la economía formal. Tampoco existen instrumentos precisos o eficaces de detección. Los métodos de medición apenas constituyen aproximaciones como el análisis de la evolución del flujo de efectivo con relación al PIB o con el total de depósitos en el sistema financiero regulado o el análisis del número de trabajadores irregulares por la productividad del trabajo de la economía oficial.

Economía sumergida no es sinónimo de economía informal. Esta última es la que opera al margen del mercado formal por un imperativo de exclusión social y laboral, como la de la microempresa. En la economía sumergida, en cambio, el anonimato responde a una intención defraudadora que generalmente procura reducción de costos, opacidad, manejos elusivos de obligaciones fiscales o evasión de cotizaciones laborales.  Ambos fenómenos, aunque se distancian en sus causas, se encuentran en sus efectos: reducir las fuentes contributivas del Estado.

No existe en la República Dominicana un estudio sistemático ni de rigor sobre la cuantificación de la economía sumergida. Más cuando los propios controles y registros de la economía formal son tan débiles como diversas las fuentes de la actividad económica y laboral no controladas. Así las cosas, determinar el verdadero tamaño de nuestro PIB será siempre un ejercicio incompleto o referencial porque nunca sabremos a ciencia cierta el tamaño real de esa economía no registrada que se mofa desde las sombras de los datos del Banco Central.

 

LA ECONOMÍA DEL PODER

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Un fantasma igualmente inmensurable en este turbio contexto es la corrupción pública. Los “barómetros” que la analizan solo cuantifican su percepción en la ciudadanía. Si las agencias de fiscalización de las cuentas públicas dominicanas fueran realmente operativas e independientes, la estimación cuantitativa de la corrupción pública constituiría un ensayo relativamente fácil, dadas las formas culturalmente explícitas de su modus operandi. Pero la corrupción se plantea como premisa desde el momento en que los órganos encargados de velar por la administración eficaz y transparente de los recursos públicos y la rendición de cuentas sean entidades sensiblemente politizadas. A pesar de la modernización normativa y funcional de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General, su desempeño, en los hechos, las colocan muy por debajo de los mínimos estándares institucionales para una fiscalización imparcialmente eficiente.

Fuera del gobierno efímero de Juan Bosch, ninguna administración ha estado éticamente comprometida con la lucha en contra de la corrupción. La indulgencia, el desgano, la complicidad y la impunidad forman la honorable familia de actitudes que la han mimado durante toda la vida democrática. Los discursos combativos se alzan en la oposición y apenas esta llega al poder agota tempranamente sus bríos moralistas.

El histórico caudal de recursos manejados por las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) —como consecuencia de su eficiencia recaudatoria, el incremento de la presión tributaria, las reformas fiscales, pero sobre todo la política de endeudamiento público— creó las condiciones para convertir al Estado dominicano en una monstruosa superestructura generadora de inversiones, gastos, empleos y dispendio. El Estado se convirtió en el principal empleador, inversor y contratista. El gobierno asumió como suya la impronta organizacional del partido oficial, sobre todo en su concentración burocrática.   Durante las últimas dos administraciones del PLD, la poca alternabilidad en las funciones ministeriales convirtió a sus ejecutivos en caudillos; sus despachos eran haciendas personales administradas a discreción convencidos de que eran inamovibles en sus puestos. Esa convicción no solo engrandeció su autoestima sino que le dio libertad para el dispendio, el nepotismo y la relajación de la ética pública a escalas jamás sospechadas.

Pero mientras eso sucedía a ese nivel, entre los centros de dirección del Estado y los ministerios responsables de las grandes contrataciones públicas, como el de Obras Públicas y la ominosa Oficina Supervisora de las Obras del Estado, se trenzó una ligadura corporativista que manejó en los ocho años una cifra con suficiente impacto en el PIB. Estos intereses concertaron tratos asociativos con una elite de contratistas vinculados al Gobierno para la ejecución de las grandes obras públicas. Los empresarios beneficiarios de las contratas pagaban altas comisiones de reverso, prestación que ya constituía un protocolo implícito en estas relaciones económicas de poder. No conforme con este esquema, la voracidad de ciertos funcionarios llegó al punto de contratarse a sí mismos a través de prestanombres y sociedades de carpeta.  El éxito del testaferrismo  como modalidad de contratación pública contaminó rápidamente a todos los estamentos del Estado y pocas veces en las auditorías de la Cámara de Cuentas se podían encontrar contratistas donde no estuvieran presentes los intereses del funcionario a través de prestanombres o empresas vinculadas.

El gobierno del PLD encontró una deuda de 9,705 millones de dólares al 2004. Ocho años después, la administración de Leonel Fernández llevó el endeudamiento público del gobierno y del Banco Central a la suma de 23,457 millones de dólares. En el 2011, el Gobierno tuvo que destinar el 40 % de sus ingresos corrientes a servir la deuda pública.  Solo para honrar el pago de los intereses, tuvo que destinar el 17.5 % de sus ingresos corrientes, el segundo más alto del continente. Por su parte, según el informe oficial de la Contraloría General de la República, la administración pública tiene al día de hoy una nómina de 609,525 empleados. En diciembre de 2004 el gobierno registraba 314,190 empleados, para un incremento de casi el ciento por ciento. Esta carga, además de crear distorsiones en las políticas públicas de promoción del empleo, generó un dañino parasitismo social, sobre todo si se considera que estos datos no reflejan las llamadas “nominillas”, pagos regulares no registrados pero sustentados con aportes presupuestarios de las dependencias donde eran asignados activistas políticos que cobraban sin trabajar.

Los burócratas del PLD pasaron a ser de políticos a empresarios gracias al poder como fuente originaria de riqueza, y el partido morado, que en tiempos ideológicos cubría sus históricos déficit con rifas y ventas menudas de material propagandístico, hoy despliega los montajes más espectaculares para sus actividades institucionales.

Esa corrupción sofisticada, concentrada y empresarial le generó tanto capital a esas alianzas corporativas que hoy sus inversiones se expanden a mercados regionales como Haití, Panamá, Brasil, Estados Unidos, Ecuador y Perú. Los consorcios empresariales vinculados a estos enclaves han visto crecer y diversificar sus operaciones como nunca imaginaron. Fuentes empresariales consultadas por el autor de este trabajo dan cuenta de que estos consorcios tienen vínculos con grupos lobistas en los que concurren intereses políticos extranjeros para licitar en importantes proyectos de inversión pública en países del área. Por su parte, contratistas que sirvieron a la pasada administración mostraron al autor de este trabajo pruebas documentales y en formatos digitales o electrónicos, pagos y depósitos realizados a pasados ministros como parte de las comisiones revertidas de los honorarios cobrados por trabajos contratados por el Estado. Algunos afirman que en la pasada campaña electoral se les pagaba por anticipado las cubicaciones solo para deducir el importe contributivo a la campaña en obras generalmente sobrevaluadas. Esta dinámica irracional de pagos fue responsable de una cuota importante del bárbaro déficit fiscal.

Una forma de estos intereses blindarse ha sido a través de la compra de grupos de medios aún deficitarios por los cuales han pagado sumas irracionales. Algunos de estos grupos corporativos han silenciado al periodismo independiente mediante colocaciones estratégicas de sus pasados mentores en puestos de dirección o de prensa en sus propios medios con arreglos asociativos y retributivos astronómicos.

El lastre social de indignación legado por el modelo leonelista, sobre todo en los estamentos medios y altos, ha volcado su simpatía catártica hacia la gestión de Danilo Medina, y no porque en esta se haya acometido algo trascendental, sino porque el nuevo presidente, convencido de que el pasado derrotero era una aventura suicida, diseñó una gestión negadora de la anterior en su estilo, conducción y orientación. Probablemente el histórico índice de popularidad que hasta el momento tiene Medina no sea responsabilidad de sus propias simpatías sino producto de la táctica diferenciación con las pasadas gestiones del PLD. En otros palabras, Danilo despierta más popularidad entre menos se parece a Leonel. La callada repulsa que suscita el solo recuerdo de las arrogancias y dispendios del poder en los tiempos de gloria caudillista, le ha consentido a Medina su indulgencia con la impunidad y aún el mantenimiento de funcionarios emblemáticos de esa fastuosa era.

El peso de la corrupción pública en la economía sumergida es difícilmente cuantificable.  Detrás de ella se esconde una gama de formas inéditas de elusión, simulación, opacidad y duplicidades. Ese capital, que se mueve en efectivo o a través de operaciones offshore, mantiene en vigencia la demanda de construcciones de lujo en el mercado inmobiliario así como patrones de consumo exclusivos que permiten sostener las tiendas más glamorosas de finas marcas de joyas, perfumes, ropa y vinos.  Así el dominican dream le ha llegado a muchos profesionales sin notoriedad ni fortuna, socialmente anónimos y culturalmente desnutridos que hoy conforman una casta sociopolítica más temida que respetada, gracias a la sabia decisión que tomaron en sus tiempos de infortunio: invertir políticamente en la paciencia.

EL NARCOLAVADO

El lavado se mueve en dirección contraria a la sumersión económica. Procura limpiar el origen del capital mediante su ingreso a la economía registrada a través de medios formales. No obstante, la actividad generadora de su riqueza, por su clandestinidad, no tiene control; en consecuencia, sus operaciones quedan regularmente atrapadas en la informalidad de la economía subterránea.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el lavado de dinero representa del 2 % al 5 % del PIB global, lo que equivale a alrededor de 1.5 a 2 billones de dólares anuales. En América Latina, una estimación bruta del lavado de dinero en la región lo ubica entre el 2.5% y el 6.3% del PIB regional anual.

A pesar de que el lavado que genera la economía del poder es tan censurable como el que pretende legitimar el narcotráfico, los agentes formales del control ético del Gobierno han promovido la retórica que ve en el lavado una operación de legitimación solo del capital proveniente del narcotráfico.  Este sesgado discurso manipula políticamente la verdad con el propósito de asociar únicamente a un sector político con el peligro de ese flagelo sin considerar las cuantiosas pérdidas económicas y morales que ha generado la corrupción blanqueada en los últimos gobiernos. Esta ética situacionista es tan reprochable como irresponsable.

Y es que existe una asociación simbiótica entre la corrupción y el narcotráfico, porque un Estado institucionalmente fuerte es menos permeable al influjo del narcotráfico. En la República Dominicana el crecimiento del narcotráfico ha sido proporcional al deterioro de su calidad institucional. De hecho, en su Informe Anual  2011 sobre Estrategia contra las Drogas remitido por el Departamento de Estado al Congreso de los Estados Unidos se señala:

Como política, el Gobierno dominicano no alienta o facilita la producción, procesamiento o distribución de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, ni toleran las actividades relacionadas con el lavado de dinero, sin embargo, la corrupción sigue siendo endémica en todos los niveles de la sociedad dominicana.

En los últimos diez años el crecimiento económico de la República Dominicana ha revelado una relación desproporcionada con la capacidad de sus fuentes generadoras de bienes y servicios. Este cuadro es sintomático; evidencia el impacto  de una economía informal que subyace en fuentes no declaradas de riqueza. Una de ellas es el narcotráfico, que si bien procura formas de legitimación, una buena parte de sus beneficios se queda en inversiones y negocios de alta demanda de efectivo como casinos, bancas de apuestas, moteles, lavaderos, discotecas, entre otros.

Una de las actividades económicas más socorridas por el narcolavado es la inversión inmobiliaria. Todas las redes de narcotráfico con operaciones y vínculos transnacionales que han sido desmanteladas en la República Dominicana han contado con cuantiosos portafolios de inversión en ese rubro.

Otro componente regularmente inadvertido del lavado son las inversiones inmobiliarias de extranjeros en las zonas turísticas. La República Dominicana ha sido receptora involuntaria de fugitivos de la justicia extranjera, especialmente europea, así como de negocios de reconocidas estructuras mafiosas internacionales. Los controles de ingreso de esos capitales son prácticamente inexistentes aun en los más exclusivos complejos residenciales.

¿UNA MODERNIDAD DE CARTÓN?

Este modelo que ha validado y celebrado la irresponsabilidad política no es sustentable. Es corrosivo y peligroso. Una sociedad no puede descansar su desarrollo en el capital ilícito y en la promoción del laissez faire. La corrupción es autodestructiva; termina depredando las propias bases que la sustenta. El desafío de las nuevas generaciones es clausurar una era que debió y prometió cerrar el liderazgo del relevo caudillista, mas, renegando a ese supremo mandato, optó por magnificarla, estilizarla y entronarla. Hoy ese modelo disoluto, enajenante y excluyente forma el genotipo de nuestra aberrada institucionalidad, aquella que se amolda a las conveniencias, que se desdobla moralmente, que negocia con los principios y que se funda no en lo bueno sino en lo útil. Una sociedad construida sobre estas bases está condenada a la desintegración.

Esa modernidad material es embustera porque no refleja un desarrollo real sino la facha de profundas carencias y desigualdades que difícilmente pueda ocultar, como los negocios que sí disimula la economía sumergida. Transmite un mensaje falso ya que enrarece nuestra identidad creando percepciones ajenas a lo que somos como sociedad y nación.

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5 Comments

  1. La Republica Dominicana tiene mucho atractivo para inversion, tanto en el sector inmobiliario como en muchas carteras de inversiones financieras. Por lo tanto la firma del Dr. Carlos E Rubio se especializa en hacer debida diligencia e investigaciones y analisis de riesgo, para que su inversion sea segura y no este asociada con el crimen organizado y/o sea una estafa. Republica Dominicana es un blanco permanenete de inversionistas y no debe tomar riesgos innecesarios http://www.rasesorialegal.com Tel.:1-809-258-3994

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  2. He estado explorando un poco por artículos de alta calidad o entradas en webs sobre estos contenidos. Explorando en Google por fin encontré este sitio web. Con lectura de esta información, estoy convencido que he encontrado lo que estaba buscando o al menos tengo esa extraña sensacion, he descubierto exactamente lo que necesitaba. ¡Por supuesto voy hacer que no se olvide este sitio web y recomendarlo, os pienso visitar regularmente.

    Saludos

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  3. A los que investigan avecina de estos no tenerlas todas consigo, reconocimientos por su penetración y por el apoyo que tomamos en la Red los leyentes y las lectoras. Pesquisa, perforación y ante todo un escrito interesante pero que estar al corriente conservar el diligencia sobre todo ¿ Logran perpetuar prometer encuesta de esta variedad sobre responsabilidad fiscal? Me opina encantadora que puedan publicar más notas respecto estos no llegarle la camisa al cuerpo de una modo más recurrente porque así nos podemos conservar mejor avisados y colaborar sentires.

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  4. ¡Muy practico! Ciertos hechos. Manten este criterio es un blog estupendo. Tengo que leer màs blogs como este.

    Saludos

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